La revolución bolivariana enfrenta una transformación radical en su modelo energético. Lo que comenzó con las expropiaciones masivas promovidas por Hugo Chávez a través de su programa televisivo ¡Aló, presidente! ha derivado en una apertura sin precedentes hacia el capital estadounidense.
El Gobierno interino de Caracas, encabezado por Delcy Rodríguez en funciones de presidenta encargada, ha acordado poner bajo control de Washington una porción equivalente al 20% de las reservas petroleras del país. Esta decisión representa una inversión histórica de la política de nacionalización que caracterizó al chavismo durante más de dos décadas.

La estrategia de la administración Trump, enmarcada en la renovada doctrina Monroe, encuentra en este acuerdo un punto de apoyo para consolidar su influencia geopolítica en la región. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, ha participado activamente en las negociaciones que materializan este giro.

El acuerdo tiene implicaciones directas para la competencia entre potencias en Latinoamérica. La presencia china en el sector petrolero venezolano, construida durante años mediante préstamos y joint ventures, queda significativamente debilitada con el ingreso formal de capitales y empresas norteamericanas.
La enajenación de recursos naturales por parte de un gobierno autodenominado antiimperialista plantea interrogantes sobre la soberanía energética y las condiciones de los contratos. La opacidad que ha caracterizado a las negociaciones petroleras en Venezuela durante el chavismo se mantiene en este nuevo capítulo.

Para las comunidades petroleras y las regiones productoras, el cambio de operadores internacionales implica incertidumbre laboral y ambiental. Las concesiones otorgadas bajo legislación distinta a la vigente duran
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