Al menos 72 mil cuerpos y restos humanos permanecen sin identificar en instalaciones del Estado mexicano, advierte el Diagnóstico sobre la situación forense en México elaborado por la Plataforma Ciudadana de Fosas, iniciativa del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana junto a colectivos de familias y organizaciones civiles.
Los cuerpos se acumulan en servicios médicos forenses, fosas comunes, panteones ministeriales y centros de resguardo temporal sin que hayan podido ser devueltos a sus familias, lo que evidencia la incapacidad estatal para procesar e intercambiar información forense de manera eficiente.
La investigación atribuye el colapso a la fragmentación institucional: fiscalías estatales y federal operan con metodologías distintas, bases de datos incompatibles y niveles desiguales de capacidad técnica, lo que dificulta la identificación y entorpece la búsqueda.

Además de la falta de homologación de registros, el diagnóstico señala insuficiencia presupuestal, saturación de personal pericial y ausencia de mecanismos de transparencia que permitan saber cuántos cuerpos hay, en qué condiciones y qué procesos de identificación se han realizado.
Muchas instituciones continúan utilizando prácticas deficientes: inhumaciones en fosas comunes sin registros adecuados o almacenamiento prolongado en instalaciones improvisadas, lo que aumenta el riesgo de pérdida de evidencia y revictimiza a las familias.
La Plataforma Ciudadana de Fosas reúne bases de datos, mapas y herramientas de consulta sobre fosas clandestinas, panteones ministeriales y cuerpos sin identificar, con el objetivo de fortalecer el acceso a la información y apoyar a familias buscadoras, periodistas e investigadores.
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