La periodista Carmen Aristegui criticó la postura del gobierno federal mexicano de rechazo a las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que activó el artículo 34 de la Convención Internacional y llevó la crisis de desapariciones en México a la Asamblea General de la ONU. Aristegui señaló que desacreditar el informe y a los expertos que lo elaboraron impide reconocer la magnitud de la crisis.
La crisis de desapariciones en México es estructural y está relacionada con una crisis forense, caracterizada por la falta de capacidad del Estado para identificar restos humanos, procesar evidencias y dar respuesta a miles de casos acumulados. Los servicios forenses y de investigación han sido rebasados por el volumen de casos, lo que forma parte del colapso institucional que impide avanzar en la localización de personas desaparecidas.

Aristegui explicó que este colapso se expresa también en la incapacidad de los sistemas forenses para dar certeza sobre la identidad de restos localizados, lo que prolonga la incertidumbre de miles de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos. Incluso, refirió que son las propias familias quienes realizan labores de búsqueda en campo ante la falta de resultados institucionales.
La periodista destacó que no hay otro país en la región con cifras comparables de desapariciones. La decisión del secretario general de la ONU, António Guterres, de remitir el caso a la Asamblea General se deriva de la activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, lo que abre un proceso de revisión internacional sin precedentes.

Este mecanismo permite que el caso mexicano sea analizado en el sistema de Naciones Unidas y abre la posibilidad de asistencia técnica especializada en investigación criminal, búsqueda de personas y fortalecimiento de capacidades forenses. Aristegui sostuvo que este proceso podría entenderse como una oportunidad de cooperación internacional y no como una intervención externa.
Finalmente, llamó al Gobierno mexicano a reconsiderar su postura y aceptar la colaboración internacional para abordar la crisis de desapariciones en el país.
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