Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia de la Cámara de Diputados, calificó como un paso decisivo el primer encuentro convocado por la Auditoría Superior de la Federación para diseñar una política nacional de fiscalización.
Durante el evento, encabezado por el auditor superior Aureliano Hernández Palacios, el legislador por Coahuila insistió en que la corrupción no se reduce con anuncios aislados sino con una estrategia integral que articule a todos los órganos del Estado.
“La coordinación entre controladores, procuradores de justicia y autoridades administrativas es la única forma de cerrar espacios a la impunidad y ofrecer resultados tangibles a la ciudadanía”, declaró.

Señaló que el modelo tradicional de auditorías debe evolucionar hacia revisiones profundas sustentadas en inteligencia financiera, análisis de datos abiertos y denuncias accesibles para la población.
“Romper inercias burocráticas implica incorporar tecnología y canales seguros de participación ciudadana; de lo contrario, los actos de corrupción seguirán sin sanción”, advirtió.
El diputado del Partido del Trabajo destacó la participación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Unidad de Inteligencia Financiera, organismos que, junto con la ASF, podrían construir un esquema de colaboración permanente.

Afirmó que la prevención y la sanción de irregularidades en el manejo de recursos públicos dependen de la rapidez con la que estas instituciones compartan información y coordinden acciones.
Reconoció el rol de las contralorías de las 32 entidades federativas y subrayó que un combate nacional requiere criterios homogéneos entre la federación y los estados para evitar vacíos legales que faciliten desvíos.
“La colaboración intergubernamental es clave; de lo contrario, las prácticas indebidas migrarán a la jurisdicción donde exista menor vigilancia”, alertó.

Desde el Poder Legislativo, adelantó, se impulsarán reformas que doten de mejores herramientas legales y operativas a los órganos de control, con el objetivo de atender la exigencia ciudadana de transparencia y tolerancia cero a la corrupción.
Finalmente, Mejía Berdeja reiteró que la rendición de cuentas no es una opción sino una obligación que debe traducirse en recuperación de recursos y sanciones ejemplares contra servidores públicos que incurran en actos ilícitos.
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