San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha denunciado agresiones y amenazas contra quienes defienden la vida y el territorio en Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI). Entre los afectados se encuentran locatarios del Mercado Tradicional “Dr. Belisario Domínguez” en Ocosingo, la comunidad de San Francisco en Teopisca, familias del ejido Jotolá en Chilón y la comunidad de Agua Clara en Salto de Agua.
Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular la autonomía y la libre determinación, se encuentran bajo hostigamiento constante, afectando su vida comunitaria, procesos organizativos y economía. Integrantes de la Mesa Directiva de la Coalición de Locatarios del Mercado Tradicional han perpetrado agresiones contra 39 locatarias y locatarios, integrantes del CNI, incluyendo despojo de locales, bloqueo de accesos y presión económica. Estas acciones violan el derecho al trabajo y afectan el sustento de las familias, profundizando desigualdades estructurales.
La violencia de género se incrementa por la omisión y complicidad de autoridades municipales y estatales. A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades han mantenido una actuación omisa e ineficaz, no garantizando medidas de protección ni restituyendo el acceso a los espacios físicos de trabajo. Esta falta de respuesta propicia la impunidad y profundiza el despojo, colocando a las personas afectadas en una situación de mayor vulnerabilidad.
La comunidad San Francisco, en Teopisca, ha denunciado la amenaza de destrucción de su territorio bajo el discurso del “progreso” impulsado por el gobierno estatal, que pretende construir la carretera Teopisca–San Cristóbal. Este proyecto afectaría directamente a 14 comunidades, cuyas montañas resguardan sitios sagrados, manantiales, fauna y otros bienes naturales fundamentales para su identidad, su economía y su vida comunitaria. La construcción de este tramo carretero no cuenta con el consentimiento de las comunidades, ya que no se ha llevado a cabo una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como lo establece el Convenio 169 de la OIT y el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exigen la suspensión inmediata de este proyecto y el pleno respeto a las decisiones de las comunidades, así como a su derecho a la libre determinación y a la defensa de su territorio.
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