Colombia es un país que desde la independencia se lo repartieron entre caudillos militares, aristócratas, gamonales y terratenientes que marcaron con miles de kilómetros de alambre de púas su territorio. Un vil despojo que sufrieron los pueblos indígenas legítimos propietarios de esas tierras. Las leyes de la república de Colombia protegen a las castas dominantes y este crimen se legalizaba mediante los títulos de propiedad formalizados jurídicamente en las notarías que certificaba a los invasores como sus auténticos dueños. Entonces, en la entrada de sus haciendas colocaron los letreros de “prohibido el paso” “propiedad privada” “perros bravos”.
Una mínima proporción de propietarios poseen casi el 80% de los predios privados rurales. Colombia es un país bautizado y bendecido bajo el lema de “libertad y orden” frase que se encuentra escrita en una cinta de oro en el pico de un cóndor (ave en vías de extinción) símbolo de la legitimidad nobleza y progreso, y más que la libertad lo fundamental es garantizar el orden. Y para garantizar el orden es necesario implantar un sistema autoritario y guerrerista. ¿Cuáles son las prioridades de un país como Colombia?
No es erradicar la pobreza, no es la lucha contra el hambre, las enfermedades, o el desempleo, Nada de eso, sino la SEGURIDAD porque la misión del poder establecido es defender a las elites, la clase dirigente, políticos, oligarcas, empresarios, inversionistas o, mejor dicho, las fuerzas vivas de la República. Seguridad es sinónimo de represión, manu militari, disciplina y obediencia. Colombia desde siempre ha sido un país de guachimanes, celadores, vigilantes, guardaespaldas, escoltas, policías, soldados, o agentes secretos al servicio del orden y la ley.

Todos firmes y en guardia y en alerta y todos en sus puestos de combate desenfundando las armas y con el dedo en el gatillo a la orden del amo o el patrón. Hay que incentivar a la ciudadanía para que mediante denuncias anónimas delate ante las autoridades a los criminales y delincuentes. Por todos lados nos observan, son ojos nos escrutan hasta en la oscuridad; son muchos soplones e informantes dispuestos a cobrar valiosas recompensas a cambio de información. En muchas regiones del país rige un estado de guerra no declarada, una guerra de baja intensidad especialmente donde se explotan los cultivos de coca o la minería ilegal.
Guerra cruel e inmisericorde que ha provocado miles de muertos como un síntoma palpable de la lucha de clases o enfrentamiento entre burguesía y proletariado. Control, control y control, se necesita controlar a la población civil que hace parte de una estructura de ingeniería social perversa, porque el estado tiene todo el derecho a aplicar estrictos controles de seguridad, la seguridad siempre ha sido una obsesión: controles aleatorios, aduanas, checkpoints, barreras, fosos, vallas electrificadas ¡alto identifíquense! ¡Manos arriba! , ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿De parte de quién?

santo y seña, contraseña; pase por el scanner, acredite pasaporte, cédula, antecedentes penales, registro de huellas dactilares, autenticación biométrica del iris, grupo sanguíneo y hasta el ADN. Ahora la tecnología facilita el reconocimiento facial mediante IA para analizar los rasgos y confirmar la identidad de la persona. Si por sus facciones es indígena, negro, mulato, zambo, mestizo, paria o lumpen, sin dudarlo es un sospechoso que inspira desconfianza; que no se acerque, deténganlo, revísenlo, échenle los perros que por su olor saben si son delincuentes.
Desenfunden las armas para intimidarlos y desmovilizarlos, que nadie se atreva a alterar la paz y tranquilidad de las castas dominantes. Son los principios fundamentales de la Seguridad Democrática en defensa de la propiedad privada y protección de sus bienes y patrimonio como consta claramente en el artículo 58 del dogma constitucional : “la propiedad privada con arreglo a las leyes civiles se respeta”. Las FF. AA que cuenta con un pie de fuerza de 300. 000 soldados y la Policía Nacional con 450. 000 efectivos, tienen el deber de proteger la propiedad privada y a las dinastías herederas el país.

Y para cumplir con tan “patriótica misión” se les ha dotado con un presupuesto en defensa y seguridad que supera los 66 billones de pesos 4. 1% del PIB . En el 2026 el gobierno ha invertido 3,7 billones de pesos, un 47% más que en el pasado año. Cifra que denota la sumisión total del Pacto Histórico a las fuerzas militares. A lo que hay que sumarle Servicio de Inteligencia Colombiano DNI (la Dirección Nacional de Inteligencia), y sus conocidas alianzas con la CIA y el Mossad, la DIPOL Dirección de Inteligencia Policial, la DIPEI y las agencias equivalentes de la inteligencia militar. A los que se les ha asignado un presupuesto para el año fiscal 2026 de 189.
000 millones de pesos. La infiltración en la vida pública de los organismos de inteligencia y contrainteligencia es más que evidente.
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