Claudia Sheinbaum, presidenta de México, firmó un decreto para ampliar la transparencia del Gobierno federal. La medida establece nuevas reglas para publicar contratos, información de filiales de empresas estatales y avances de auditorías, además de acotar los criterios para reservar información. La gobernante afirmó que busca evitar que la decisión sobre qué información se publica quede a criterio de cada funcionario y establecer lineamientos específicos para determinar qué puede reservarse por razones de interés público,
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto impulsa a las instituciones federales a publicar información adicional a sus obligaciones legales y fortalece la Plataforma Nacional de Transparencia. Buenrostro detalló que la plataforma incorporó nuevas herramientas de descarga y que, en 30 días hábiles, sumará contenidos de interés público más completos y actualizados.
El decreto se centra en cuatro frentes: contrataciones públicas, filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fiscalización y auditorías, y la incorporación voluntaria de otros poderes y niveles de gobierno al principio de máxima publicidad. Entre los principales cambios, los contratos del Gobierno federal pasarán de publicarse cada tres meses a difundirse mensualmente. En las estatales Pemex y CFE se incorporarán informes presentados ante agencias extranjeras, estados financieros, información sobre gobierno corporativo, políticas de operación y contratos de sus filiales.
En fiscalización se publicarán datos adicionales sobre el programa anual de auditorías, estadísticas, situación de las revisiones, seguimiento de observaciones y asignación de despachos externos. Buenrostro señaló que se busca limitar expresamente las reservas a los supuestos constitucionales de interés público y
En la misma conferencia, la mandataria insisitió en su defensa a los lineamientos sobre derechos de las audiencias sometidos a consulta pública y negó que constituyan un mecanismo de censura. Sostuvo que las posibles sanciones se limitarían a que los concesionarios no publiquen su código de ética, no nombren un defensor de audiencias o no establezcan un mecanismo de quejas. Luisa María Alcalde defendió que los propios medios definirán sus códigos de ética y nombrarán a sus defensores, mientras la autoridad no determinará qué contenido es verdadero o falso. Añadió que los lineamientos plantean identificar la publicidad pagada y distinguir, al inicio y al final de los programas, entre espacios informativos y de
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