El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha lanzado una alerta sobre la necesidad de que México transforme su marco legal en acciones prácticas para abordar la crisis de desapariciones, que ha dejado a más de 130,000 personas sin rastreo en el país.
A pesar de que México, junto con Argentina, Colombia, Perú y Brasil, cuenta con leyes específicas para enfrentar este problema, el CICR señala que la mera existencia de legislación no es suficiente si no se materializa en políticas públicas y acciones concretas.
Mariano Griva, coordinador de Protección de Vínculos Familiares del CICR, enfatiza que sin una activación inmediata, un presupuesto garantizado y una capacidad forense adecuada, el marco legal podría quedarse en el papel.

El organismo también subraya la importancia de realizar búsquedas urgentes desde las primeras horas de una desaparición, con enfoques especializados y diferenciados, así como la participación de las familias en todo el proceso.
Se requiere de presupuestos protegidos y políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y coyunturas, además de fortalecer los servicios médico-legales para recuperar y identificar dignamente los restos de las personas fallecidas.
La cifra oficial de personas desaparecidas en México supera las 130,000, una magnitud que forma parte de una crisis extendida por América Latina. En Colombia se documentaron más de 226,000 casos en el de los conflictos armados, mientras que Brasil registró 85,233 personas desaparecidas en 2025 y Perú reportó un incremento del 18% en ese año.

El la corporación advierte que aún existen dificultades para conocer la verdadera dimensión del fenómeno debido a la falta de registros centralizados y actualizados en la mayoría de los países, sumado al subregistro provocado por los riesgos y obstáculos que enfrentan muchas familias para acudir a las instituciones.
El la institución, que trabaja en México y Centroamérica para fortalecer los mecanismos de búsqueda, recalca que la respuesta estatal no debe limitarse a la aprobación de leyes y que toda persona desaparecida tiene derecho a ser buscada, y toda familia, al derecho a saber, sin importar las circunstancias ni el tiempo transcurrido.
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