Chubut se convirtió en la primera provincia argentina en publicar un listado completo de sus embarcaciones pesqueras y permisos otorgados, rompiendo años de opacidad sobre quién explota el recurso en el Mar Argentino.
La medida, anunciada el 29 de abril de 2026, fue celebrada por el Círculo de Políticas Ambientales y la campaña Sin Azul No Hay Verde como un paso histórico para la transparencia activa en la gestión de recursos públicos.
En México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aún no ofrecen un registro equivalente, pese a que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información obliga a publicar datos completos de concesiones, permisos y titulares.
La comparación es directa: si Chubut pudo abrir la información, la ASF podría exigir a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) que sistematice y publique quién pesca, con qué barcos y bajo qué condiciones.
Sin esos datos, investigadores y organizaciones civiles deben presentar solicitudes de acceso que, en promedio, tardan más de veinte días hábiles en ser respondidas y, en muchos casos, llegan incompletas.
La ausencia de un padrón abierto facilita la pesca ilegal y la sobrecapitalización de especies como la sardina, el camarón y la langosta, advierten grupos como CEMDA y Oceana México. En Argentina, la falta de transparencia nacional ya derivó en un reclamo formal para que la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca replique el modelo chubutense.
En México, la ASF ha señalado en sus informes anuales que Conapesca no cuenta con un sistema único de licencias y que los padrones que existen están dispersos en formatos papel y bases cerradas. La consecuencia es la misma: sin datos públicos no hay control social posible.
Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, advirtió que “la opacidad es incompatible con una gestión sostenible”. La frase aplica al mexicano: el costo económico de la pesca ilegal en el país se estima en más de 800 millones de pesos anuales, según estudios académicos citados por la propia la corporación.
Chubut, con apenas un millón de habitantes, demostró que publicar la información es técnica y políticamente viable. La la institución, que audita más de mil millones de pesos en apoyos pesqueros cada año, podría incorporar entre sus recomendaciones la apertura obligatoria del registro nacional de embarcaciones y permisos.
La ley ya lo permite; falta la decisión.
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