La administración estadounidense presiona al Congreso para aprobar la Digital Asset Market Clarity Act antes del 4 de julio, fecha del 250 aniversario del país. Patrick Witt, director del Consejo de Asesores del Presidente para Activos Digitales, adelantó el calendario que muchos legisladores proyectaban para agosto.
El plan prevé que el Comité Bancario del Senado analice la iniciativa en mayo y que el pleno la vote en junio, dejando margen para la Cámara de Representantes antes de la festividad. El funcionario reconoció que el cronograma es ajustado, pero lo considera alcanzable si se mantiene la disciplina parlamentaria.

La urgencia responde a la necesidad de definir con claridad qué activos digitales serán tratados como valores y cuáles como commodities, disputa que ha mantenido en incertidumbre a exchanges, emisores de stablecoins y desarrolladores desde 2017. El texto también incluye reglas de custodia, prevención de lavado de dinero y segregación de fondos de clientes.
Uno de los puntos que más ha retrasado la negociación es el rendimiento que pueden ofrecer las stablecoins. El senador Thom Tillis y la senadora Angela Alsobrooks lograron un preacuerdo que prohíbe pagar intereses comparables a los de cuentas bancarias, pero permite recompensas ligadas a programas de lealtad o staking.

La Casa Blanca da por cerrado ese capítulo y espera que el compromiso bipartisan agilice la discusión. Aún resta resolver una cláusula general sobre conflictos de interés que aplique a cualquier funcionario que participe en la regulación, sin apuntar contra personas concretas.
Witt no precisó detalles, pero indicó que la redacción debe evitar la percepción de protección política. La industria cripto observa con cautela: celebran la posibilidad de certeza jurídica, pero advierten que plazos tan cortos pueden dejar vacíos legales o excluir aportaciones técnicas.

La secuencia legislativa comenzará con audiencias en el Senado, seguirá con enmiendas y terminará, si hay quorum, en la Cámara baja. El 4 de julio se convirtió en la fecha simbólica que el Ejecutivo quiere convertir en el primer paso formal para reglamentar un mercado que ya mueve cientos de miles de millones de dólares diarios.
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