México enfrenta un incremento en delitos relacionados con el patrimonio inmobiliario, incluyendo despojo, invasión de propiedades, ventas fraudulentas y falsificación de documentos. Los casos se han detectado con mayor frecuencia en entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Quintana Roo.
Propietarios, compradores de buena fe e inversionistas han sido afectados por esquemas que buscan apropiarse de inmuebles o comercializarlos sin autorización. Lesly Fernanda Valencia González, socia fundadora de Valencia & Asociados Abogados Penalistas, señala que este fenómeno ya no es una serie de hechos aislados, sino un esquema más organizado.
Identifican propiedades vulnerables, falsifican documentos, suplantan identidades y realizan movimientos ante autoridades registrales para dar apariencia legal a operaciones irregulares. El despojo se presenta cuando una persona es privada de la posesión de un inmueble mediante violencia, amenaza, engaño o abuso de derecho.
Los daños pueden avanzar rápidamente si la víctima no denuncia de manera inmediata ante la autoridad competente. Los grupos dedicados a este tipo de prácticas suelen aprovechar inmuebles abandonados, propiedades intestadas, casas con dueños ausentes, predios en disputa o bienes cuyos titulares no revisan con frecuencia su situación registral.
Entre las prácticas más comunes se encuentran la venta de un mismo inmueble a varios compradores, la comercialización de propiedades ajenas, la creación de gravámenes ficticios y la elaboración de escrituras, poderes notariales o actas apócrifas.
La falsificación de documentos públicos o privados es una de las herramientas más utilizadas para intentar dar legalidad a operaciones fraudulentas. También se han detectado casos de suplantación de identidad ante notarías, registros públicos o compradores que no verifican de forma suficiente la situación jurídica del bien.
El abuso de confianza puede actualizarse cuando una persona que administra, custodia o tiene bajo su control un bien lo utiliza en beneficio propio o de terceros. Si estas acciones son realizadas por tres o más personas de forma coordinada, también puede investigarse la posible asociación delictuosa.
La abogada penalista advierte que detrás de un contrato apócrifo, una invasión o una venta fraudulenta hay delitos graves con penas de prisión.
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