El aumento de casos de despojo, invasión de propiedades, ventas fraudulentas y falsificación de documentos inmobiliarios en México representa una amenaza para el patrimonio de las familias, según Lesly Fernanda Valencia González, socia fundadora de Valencia & Asociados Abogados Penalistas. Estos delitos dejaron de ser hechos aislados y comenzaron a operar mediante esquemas organizados en diversas entidades del país.
Los casos se han registrado principalmente en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Quintana Roo, afectando a propietarios con años de posesión, compradores de buena fe e inversionistas. Valencia González señala que los grupos involucrados han sofisticado sus métodos: identifican inmuebles vulnerables, falsifican documentación, suplantan identidades ante autoridades registrales y comercializan propiedades sin autorización de sus legítimos dueños.
Uno de los principales retos es que muchas víctimas enfrentan estos casos como conflictos civiles, cuando las conductas pueden constituir delitos con consecuencias penales. El despojo, contemplado en el artículo 395 del Código Penal Federal, se configura cuando una persona es privada de la posesión de un inmueble mediante fuerza, engaño o abuso de derecho. Las sanciones pueden alcanzar hasta cinco años de prisión y aumentar cuando existen condiciones de vulnerabilidad.
El fraude inmobiliario, previsto en el artículo 386, incluye prácticas como la venta del mismo inmueble a distintos compradores, la comercialización de propiedades ajenas sin facultades legales o la creación de gravámenes ficticios sobre bienes. A estos esquemas se suma la falsificación de documentos públicos o privados, prevista en el artículo 243, utilizada para elaborar escrituras, poderes notariales o actas apócrifas con el objetivo de dar apariencia legal a operaciones fraudulentas.
Cuando estas acciones son realizadas por grupos de tres o más personas que actúan de manera coordinada y permanente, también puede configurarse el delito de asociación delictuosa, lo que amplía las líneas de investigación y las sanciones. Entre los principales indicios de un posible fraude inmobiliario están inconsistencias en firmas, sellos o fechas de documentos; presión para concretar operaciones fuera de notaría; cambios registrales sin consentimiento del propietario; reclamaciones de terceros sobre derechos desconocidos, así como la aparición de adeudos o gravámenes no reconocidos.
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