En marzo, la Cámara de Diputados eligió a Aureliano Hernández Palacios al frente de la Auditoría Superior de la Federación para los próximos ocho años. Desde entonces, anunció un plan de cien días, reunió a los 32 auditores locales y reorganizó la institución.
La reforma publicada la semana pasada permite a la ASF imponer multas de 17 mil a 235 mil pesos a servidores públicos o particulares que se nieguen a entregar información. No se han detallado los criterios para aplicar estas sanciones.

La dependencia también podrá investigar de oficio o por denuncia presuntas faltas administrativas, sin esperar a que concluya la fiscalización ordinaria. Buscan impulsar la denuncia ciudadana como fuente de alerta temprana.

Cerca del 25% de las entidades de auditoría en el mundo tienen facultades jurisdiccionales, es decir, pueden sancionar directamente sin acudir a tribunales. Para que ese modelo no derive en abuso deben cumplir doce principios internacionales: legalidad, acceso a la información,.
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