La Auditoría Superior de la Federación acumula cinco denuncias penales en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, institución que encabezó Ana Gabriela Guevara, por un daño al erario público que asciende a 749. 4 millones de pesos. La más reciente presentación ante la Fiscalía General de la República ocurrió el pasado 28 de agosto.
Esta última denuncia señala irregularidades en la gestión de 2022 por 283 millones de pesos. El expediente se suma a los ya presentados por el uso de recursos en 2019, 2020 y 2022, periodo en que Guevara dirigió la política deportiva durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2022, el órgano fiscalizador formuló 11 observaciones por probables daños al erario. Los auditores detectaron que funcionarios autorizaron comprobaciones de gastos de organismos deportivos nacionales y estatales sin acreditar la prestación de servicios o la adquisición de bienes.
Un caso documentado es el del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, que no acreditó la prestación de servicios ni la adquisición de bienes pagados a 22 proveedores, lo que representa un probable daño de 67.3 millones de pesos.

La Federación Mexicana de Taekwondo presentó una irregularidad similar: autorizó comprobaciones por 65.2 millones sin acreditar servicios ni bienes de 13 proveedores para eventos en Guadalajara durante ese año.
También se identificó un pago de 26.4 millones a 212 medallistas olímpicos y paralímpicos por reconocimientos económicos vitalicios que no estaban previstos en las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte.
Las observaciones de 2022 involucran además al Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte, al Instituto del Deporte de Tlaxcala, a la Federación Mexicana de Voleibol, al Instituto Sudcaliforniano del Deporte y a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, esta última con tres observaciones que suman 55.6 millones de pesos.
Ana Gabriela Guevara dejó la dirección de la institución hace dos años, pero las auditorías continúan revelando presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante su administración.
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