El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación penal contra Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, y nueve ex y mandos locales, entre ellos el alcalde de Culiacán, el director de la policía municipal, un senador y el exsecretario de
El escrito judicial sostiene que los funcionarios entregaron armas, permitieron el tráfico de drogas, manipularon elecciones y brindaron protección directa a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. A cambio, el grupo les habría entregado sobornos y apoyo político para consolidar su control territorial.
Se trata de la primera vez que fiscales estadounidenses formulan cargos formales contra un gobernador mexicano en activo. La medida pone bajo lupa internacional la gobernanza de la entidad que históricamente ha sido bastión del cártel.
Tanto Rocha Moya como los otros nombrados han negado las imputaciones. Las autoridades mexicanas no han emitido orden de aprehensión y el mandatario conserva su cargo; la Constitución local solo permite destituirlo si existe sentencia firme.
Investigadores de InSight Crime, que han documentado por años la economía criminal de Sinaloa, califican el caso como un salto cualitativo en la relación entre política y narco. Afirman que, si se confirma, se pasó de una protección puntual a una “gobernanza criminal híbrida” donde el crimen organizado operaría como poder paralelo.
La acusación de Nueva York no solo compromete la imagen del gobierno estatal; también presiona al gobierno federal a pronunciarse sobre la
La carpeta judicial aún no fija fecha de audiencia ni solicitud formal de extradición. Mientras tanto, la ciudadanía sinaloense observa si las instituciones locales iniciarán investigaciones propias o esperarán el curso de la justicia norteamericana.
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