DATO DURO
La gobernadora Layda Sansores informó que cinco personas detenidas durante la marcha del Día Internacional de la Mujer fueron trasladadas al penal de San Francisco Kobén. Dos de ellas enfrentarán acusación por homicidio calificado en grado de tentativa, mientras que una más responderá por daños al Palacio de Gobierno estatal.
La mandataria advirtió en su programa Martes del Jaguar que las penas podrían alcanzar entre 25 y 37 años de prisión. Las detenciones ocurrieron después de que manifestantes presuntamente prendieran fuego a los escudos de agentes que resguardaban el recinto gubernamental.
Inicialmente fueron arrestadas 14 personas, aunque posteriormente se redujo el número de imputados. Entre los detenidos se encontraba una menor de edad, liberada el 9 de marzo, y Esli, estudiante de doctorado de Ecosur, quien demostró no pertenecer al grupo señalado por el incendio de los escudos.
CONTEXTO
La Red Nacional de Defensoras ha cuestionado los procedimientos, señalando que los arrestos fueron arbitrarios y sin flagrancia. Este contraste entre la versión oficial y los testimonios de las organizaciones plantea dudas sobre la legalidad de las detenciones.
Contexto político
Durante la transmisión, Sansores presentó a dos agentes que custodiaban el Palacio de Gobierno. La oficial Perla Jaquelin relató haber sido golpeada con martillo y describió el temor de enfrentar el fuego mientras formaban una barrera humana.
La gobernadora también reveló haber recibido llamadas del personal de Cultur para interceder por una detenida que da clases de música de forma voluntaria en el mismo penal de Kobén. En ese caso, indicó que habrá consideraciones especiales por no haber agredido físicamente a las policías.
CONCLUSIÓN
Además de los cargos penales, autoridades anunciaron procedimientos contra quienes realizaron actos de iconoclasia, exigiendo reparación de daños y limpieza de pintas en el inmueble gubernamental.
Sansores afirmó que el centro de control C5 actuó de inmediato para documentar los hechos. Sin embargo, la combinación de advertencias de penas severas, reconocimiento de presiones políticas para favorecer a una detenida y denuncias de organizaciones civiles configura un escenario de tensiones entre la narrativa oficial y los derechos de las manifestantes.
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