El Plan de Justicia Yaqui, anunciado por Andrés Manuel López Obrador en 2021 como reparación al pueblo yaqui de Sonora, presenta serios signos de corrupción e improvisación según la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La revisión 93 a la Cuenta Pública 2024 reveló que la ampliación del Distrito de Riego 18, obra central del programa, acumula retrasos, anomalías financieras y deficiencias técnicas.
Los auditores analizaron 94.6% de los 4 mil 242 millones de pesos ejercidos y encontraron que 230 millones 253 mil pesos carecen de soporte documental en los controles internos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La ASF señaló que el alcance de revisión para ese monto fue de 0.0%, lo que significa que el dinero no pudo ser rastreado.

El informe advierte que la Conagua generó un “atraso en la entrega del anticipo” que obligó a modificar los calendarios de obra. Dos contratos resultaron especialmente problemáticos: Biocinergia, S.A. de C.V. registró un retraso de 29 días, mientras que Grupo Impulsor Pajeme, S.A. de C.V. se retrasó 122 días.
El contrato 2023-B05-B27-CD-26-RF-LP-A-OR-0018, otorgado a Estudios y Diseños Constructivos, S.A. de C.V., fue descrito por los auditores como un borrador sin precisiones técnicas ni financieras mínimas. La ASF solicitó al Órgano Interno de Control de Conagua investigar y sancionar posibles responsabilidades por las irregularidades detectadas.

La falta de control interno y la ausencia de registros contables ponen en riesgo la entrega de tierra, agua y certeza jurídica prometida al pueblo yaqui. El proyecto, concebido como un acto de justicia histórica, ahora enfrenta un escenario de incertidumbre administrativa y posible desvío de recursos públicos.
La la corporación concluyó que las inversiones no se ejecutaron conforme a la normativa aplicable y exigió a las autoridades federales corregir las deficiencias para evitar que el programa naufrague completamente.
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