Integrantes de colectivos de Cuba, Honduras, El Salvador y Nicaragua iniciaron una caravana de búsqueda en territorio mexicano para localizar a sus hijos que desaparecieron durante la travesía migratoria. No cuentan con apoyo consular y recorren estaciones migratorias, hospitales y morgues por su propia cuenta.
La mayoría de los desaparecidos partió entre 2018 y 2023 rumbo a Estados Unidos. Familias denuncian que autoridades mexicanas no han abierto carpetas de investigación ni incluido a extranjeros en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
En la frontera sur reconocen que muchos fueron interceptados por Instituto Nacional de Migración y policías estatales, pero nunca se les informó si fueron deportados o trasladados a centros de detención. La falta de registros cruzados entre dependencias complica el rastreo.

Colectivos solicitan acceso a fosas comunes localizadas en Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Sonora. Exigen que se practiquen pruebas de ADN y que los perfiles sean cotejados con bases de datos de sus países, algo que no ocurre de forma sistemática.
La Comisión de Atención a Migrantes de la Cámara de Diputados prometió en abril crear una mesa interinstitucional, pero hasta ahora no se ha convocado. Familias temen que la indiferencia oficial convierta a sus hijos en estadísticas sin nombre.

Recorren albergues y estaciones del Ferrocarril Chiapas-Mayab donde migrantes suben al tren La Bestia. Llevan fotografías, fechas de desaparición y documentos de identidad, pero la respuesta oficial es que “no hay información”.
Denuncian que la desaparición de migrantes se normalizó: no hay protocolos de búsqueda inmediata ni mecanismos de alerta cuando una persona extranjera es reportada como ausente. La impunidad, advierten, alimenta redes de tra
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