En Pachuca, el aviario de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre se ha convertido en refugio temporal para más de 20 aves que, lejos de estar listas para volar de nuevo, son pieza clave en investigaciones penales.

Estas aves, entre ellas especies en peligro de extinción como tucanes y guacamayas, están bajo resguardo porque fueron incautadas en operativos de la FGR, y siguen involucradas en carpetas judiciales. Daniel Monroy, quien dirige la unidad, dejó claro que el centro no es dueño de las aves, solo las protege mientras la Profepa y la fiscalía deciden su destino.

Y es que tener en casa una de estas especies puede salir carísimo: hasta 10 años de prisión y sanciones económicas nada ligeras. Muchas de ellas llegaron heridas, con fracturas o perdigones incrustados, y aunque ya no pueden volver a su hábitat, hoy ayudan a educar a niños y adultos sobre el cuidado de la fauna.

El aviario también combate ideas erróneas que han hecho daño a animales como las lechuzas, que aún hoy son víctimas de ataques por supersticiones. “Nos han llegado aves quemadas o baleadas solo porque creen que traen mala suerte. Eso se tiene que acabar, y la educación es clave”, recalcó Monroy.

Antes, este lugar era un simple zoológico abierto al público. Hoy, cada visita es guiada y tiene un enfoque totalmente educativo, para que la gente entienda por qué están ahí y cómo prevenir que esto siga ocurriendo.

Por si fuera poco, el tráfico de fauna en Hidalgo sigue latente. En municipios como Tizayuca, Tulancingo y Tula, también se han asegurado felinos y hasta canguros, lo que muestra que el problema no solo es de aves, sino de una red de tráfico mucho más amplia.