El Comité Ejecutivo Nacional de Morena expresó su respaldo institucional al gobierno mexicano frente a la solicitud de extradición que Estados Unidos formuló contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a quien se vincula con el narcotráfico. En un comunicado, el partido advirtió que el procedimiento debe atenerse al Estado de Derecho y a la soberanía nacional.
La dirigencia de Morena subrayó que la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales establecen que solo la Fiscalía General de la República puede analizar si existen elementos jurídicos para continuar. “La FGR es la única instancia facultada para determinar si procede la petición”, reiteraron.
La organización política cuestionó dos aspectos de la gestión diplomática: la ausencia de pruebas contundentes y la difusión pública de la solicitud. Consideraron que solicitar la entrega de un funcionario sin evidencia sólida vulnera el debido proceso y que la comunicación de la Embajada de Estados Unidos quebró los acuerdos de confidencialidad previstos en los tratados.

“Resulta preocupante que se solicite una extradición sin ningún elemento de prueba y que la forma de comunicarlo vulnere la confidencialidad internacional”, señaló el texto.
Morena cerró filas con el Ejecutivo federal y reiteró su confianza en que la FGR actuará con responsabilidad, defendiendo la soberanía del país. Exigió que la cooperación jurídica con Washington se guíe por el respeto mutuo y el cumplimiento estricto de los convenios vigentes.
La postura del partido se da días después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmara la recepción formal del requerimiento estadounidense. La dependencia reiteró que la revisión corre exclusivamente por la vía judicial y no por vía política.

Rocha Moya, por su parte, ha mantenido su agenda oficial en Sinaloa y afirmó que ya dialogó con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso. El mandatario estatal niega vínculos con el Cártel de Sinaloa y atribuye la acusación a una campaña en su contra.
La petición de extradición, aún bajo análisis de la FGR, ha intensificado el debate sobre la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de recursos federales en entidades con alta presencia del crimen organizado.
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