Tras la pasada de lista del miércoles en el Senado, Enrique Inzunza no regresó al salón de sesiones. Su ausencia coincidió con la revelación de cargos en su contra por narcotráfico emitidos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Empleados de su oficina confirmaron que salió sin avisar y no indicó si retomaría la jornada legislativa.
El expediente judicial lo vincula con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde Juan de Dios Gámez y otros siete funcionarios, a quienes se les atribuye colaboración con el Cártel de Sinaloa.
El Departamento de Justicia estadounidense señala que Inzunza Cázares, exsecretario general del estado, se reunió en varias ocasiones con líderes de “Los Chapitos”. Según la acusación, pactó brindar apoyo institucional a cambio de beneficios ilícitos para el crimen organizado.
Los delitos que enfrenta incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, además de conspiración para poseer armas. En caso de ser declarado culpable, la pena mínima es de 40 años y puede llegar a cadena perpetua.
La Fiscalía mexicana no ha emitido orden de aprehensión local, mientras que el Senado tampoco ha informado sobre la suspensión de su fuero. La opacidad sobre el paradero del legislador genera incertidumbre sobre la capacidad del Congreso para investigar a uno de sus miembros.
La acusación internacional pone en entredicho la rendición de cuentas del morenista, quien días antes criticó la presencia de agentes de EU en Chihuahua calificándola de “traición a la patria”. El caso amplía la lista de funcionistas de la cuarta transformación mencionados en tribunales norteamericanos por nexos con el narco.
Etiquetas: Enrique Inzunza, Cártel de Sinaloa, Rocha Moya, narco-política, Senado, EU, Narco-Política
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