En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones del embajador estadounidense Ronald Johnson en Culiacán, donde vinculó a funcionarios mexicanos con la corrupción y el crimen organizado.
El diplomático, según LA Times, advirtió que “pronto podrían verse medidas significativas” durante la inauguración de una empresa en la entidad.
La mandataria reaccionó con un reclamo de pruebas: “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga evidencia de algún delito”, pero subrayó que toda investigación contra servidores públicos mexicanos compete a la Fiscalía General de la República, no a funcionarios extranjeros.
Recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 por la DEA en Los Ángeles y posteriormente exonerado por falta de elementos. “Al no encontrarse pruebas de algún acto ilegal o delictivo, quedó en libertad”, citó como ejemplo de que sin evidencias no puede haber proceso.
Sheinbaum reiteró que en Estados Unidos también se exige sustento documental para enjuiciar a sus propios funcionarios y pidió que, si existen datos concretos contra algún gobierno o persona, se remitan por la vía diplomática a la FGR. “Aquí no se protege a nadie, pero tampoco se actúa por señalamientos sin respaldo”, afirmó.
La respuesta deja en entredicho si la administración federal tiene conocimiento previo de investigaciones que el gobierno de Joe Biden pudiera compartir, y plantea una tensión diplomática: Washington insinúa acciones inminentes, mientras la presidencia mexicana limita su alcance a la cooperación formal.
El incidento ocurre en medio de giras de Johnson por estados con alta presencia del crimen organizado y luego de que el Departamento de Estado incluyera a varios exmandatarios y exfuncionarios mexicanos en su lista de personas “significativamente corruptas”.
La presidenta no detalló si la Secretaría de Relaciones Exteriores ha recibido información clasificada al respecto, ni si existen oficios en trámite entre ambos países. El silencio sobre el contenido de los expedientes que EE. UU. podría compartir mantiene la incertidumbre sobre posibles arrestos o sanciones en los próximos meses.
Por ahora, el gobierno federal se ampara en la legalidad interna: sin denuncia ni pruebas ante la FGR, los señalamientos quedan en el terreno de la retórica. La ciudadanía queda a la espera de que alguna de las partes muestre los documentos que justifiquen las advertencias del embajador.
Etiquetas: Claudia Sheinbaum, Ronald Johnson, corrupción, FGR, Salvador Cienfuegos, DEA, Sinaloa, México · Corrupción y desvíos
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