Gilberto Bátiz García, presidente de la Sala Superior del TEPJF, afirmó que la violencia política de género es una de las formas más persistentes de exclusión en la democracia mexicana y que el organismo no puede mantenerse neutral.
Durante la conmemoración del segundo aniversario de la Defensoría Pública Electoral Especializada para Mujeres, el magistrado subrayó que la presencia femenina en cargos públicos no basta si se ejerce bajo amenaza o violencia.
La magistrada Mónica Soto Fregoso calificó la defensoría como una respuesta institucional a la deuda histórica del Estado con las mujeres, que aún enfrentan agresiones solo por participar en política. Claudia Valle Aguilasocho propuso crear una red nacional de defensorías especializadas para extender la protección más allá de la capital.
Bátiz García insistió en que la justicia electoral debe ir más allá de resolver controversias: debe garantizar condiciones reales de igualdad y eliminar obstáculos estructurales. Advirtió que cuando una mujer es violentada en sus derechos políticos, el daño no es individual: se erosiona la calidad de la democracia para toda la población.
La magistrada Soto Fregoso enfatizó que la participación política de las mujeres no es opcional, sino una condición indispensable para la legitimidad democrática. Reconoció que el liderazgo femenino tiene efecto transformador, pero solo si se ejerce sin violencia.
Las autoridades del tribunal no presentaron cifras actualizadas sobre denuncias resueltas ni sobre reducción de agresiones contra candidatas o funcionarias. La conmemoración se limitó a reafirmar compromisos sin contrastar avances medibles ni pendientes por cumplir.
Etiquetas: TEPJF, violencia política de género, defensoría electoral, mujeres en política, democracia inclusiva, México · Feminicidios y violencia de género
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