La desaparición y asesinato de Edith Guadalupe Valdés reveló presuntas prácticas de corrupción y omisión dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Claudia Edith Zaldívar, madre de la víctima, denunció que colaboradores del fiscal de desapariciones, Luis Eduardo Poletti, solicitaron dinero para acceder a las grabaciones del C5 y realizar labores de búsqueda.
Ante la falta de respuesta oficial, la familia emprendió su propia investigación, ubicó el inmueble donde Edith fue vista por última vez y halló su cuerpo en el sótano de la Torre Murano, sobre avenida Revolución 829, cubierto con arena.

El descubrimiento obligó a la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján, a reconocer que la institución debió actuar desde el primer momento en el domicilio señalado.
Para cerrar el caso, las autorias detuvieron al guardia Juan Jesús “N”, empleado del inmueble, como presunto responsable; sin embargo, medios y organizaciones advierten que se trata de un “chivo expiatorio”.

El periodista Luis Cardona, quien vivió bajo protección federal en el mismo edificio, asegura que el lugar cuenta con vigilancia extensa: cámaras en sótano, pasillos y estacionamientos, además de un numeroso grupo de guardias. Su testimonio apunta a posibles redes de trata de personas, corrupción y tolerancia policial.
La presión internacional contribuyó a que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activara el artículo 34 y llevara la crisis mexicana ante la Asamblea General.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch respaldan la medida, señalando que las fiscalías se han convertido en el “principal muro de impunidad” para familias de víctimas, según la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares Ferreto.

Ante más de 133 mil personas desaparecidas y cerca de 5 mil 700 fosas clandestinas, la alerta de la ONU refleja la incapacidad estatal para investigar crímenes que podrían calificarse como lesa humanidad.
El caso de Edith Guadalupe devino en un ejemplo de cómo la falta de recursos, la complicidad y la improvisación oficial agravan la violencia de género y la desconfianza ciudadana.
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