La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza, publicar su declaración patrimonial en la página oficial del organismo. La instrucción presidencial ocurrió luego de que el Comité de Transparencia del instituto reservara esa información invocando una norma interna vigente.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que dicha norma establecía que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del organismo no debían hacerse públicas. "Ya le pedí que cambie esa norma, porque no está bien. Todos los servidores públicos tienen que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, y Octavio, pues, no debe ser la excepción", señaló.
Sheinbaum agregó que también instruyó a Romero Oropeza modificar la disposición interna para eliminar esa restricción. Según afirmó, el documento ya se encontraba actualizado y disponible para consulta en el sitio web del organismo, aunque no confirmó si la publicación ya era efectiva al momento de su declaración.
El caso cobró relevancia tras una solicitud de información presentada por un particular. El pasado 13 de julio, el Comité de Transparencia del organismo resolvió mantener como confidencial la declaración del director, incluyendo datos sobre vehículos, propiedades, cuentas bancarias e ingresos derivados de empresas.

Romero Oropeza fue director general de Petróleos Mexicanos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su llegada al Infonavit estuvo acompañada de la clasificación como "confidencial" de su información patrimonial, lo que impidió conocer el detalle de sus bienes.
El artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la información solo podrá clasificarse como reservada temporalmente por razones fundadas y motivadas. La reserva indefinida de declaraciones patrimoniales de altos funcionarios contradice el criterio de máxima publicidad que debe regir en el servicio público.
La intervención presidencial pone en evidencia una práctica institucional que limitaba el escrutinio ciudadano sobre funcionarios de primer nivel. La modificación de la norma interna del organismo queda como pendiente verificable en los próximos días.
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