El mayor caso de huachicol fiscal por buques que ha atacado la Fiscalía General de la República está a punto de desmoronarse por un trámite burocrático entre dos instituciones aduaneras. La red operaba en el puerto de Tuxpan, Veracruz, e introdujo diésel en al menos tres cargamentos marítimos con declaraciones fraudulentas que ocultaron millones de litros de combustible.
Según sentencias judiciales consultadas por Grupo REFORMA, participaron la empresa de logística naviera Navecopa, las firmas de hidrocarburos Dersa Oil & Gas e Impulsora de Productos Sustentables (Iprosu), y la agente aduanal Patricia Guerra Miranda. Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por contrabando, pero esas vinculaciones fueron revocadas por el tribunal colegiado de apelación en Veracruz.
El problema jurídico radica en el desorden institucional que prevaleció cuando el Ejecutivo creó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) por decreto, sin que el Congreso reformara la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Debido a esa omisión legislativa, la autoridad fiscal conserva en el papel funciones de denuncia de delitos aduaneros que ya fueron asignadas a la nueva agencia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso para aclarar la competencia, pero si falla contra la autoridad tributaria, los acusados quedarán absueltos. La Fiscalía abrió las carpetas de investigación en 2020, aunque las judicializó hasta 2023 y 2024, y sólo acusó por una modalidad de contrabando que no amerita prisión preventiva oficiosa, no por delincuencia organizada u otros delitos graves.
El monto del presunto daño fiscal supera los 166 millones de pesos imputados a la red del ex Gobernador Ernesto Ruffo, y los 340 millones que habría perdido la autoridad fiscal por el contrabando de otra organización vinculada a ex miembros de la Marina. En el primer cargamento, el buque Akeraios transportó 28.7 millones de litros de diésel pero sólo se declararon 2.8 millones, con un daño estimado de 205.3 millones de pesos.
En el segundo cargamento, el buque Atlantic Bay arribó con 28.7 millones de litros pero sólo se reconocieron 7.1 millones, omitiendo impuestos por 173 millones de pesos. Un tercer buque, cuyo nombre fue censurado en la sentencia, importó 31.8 millones de litros y declaró 4.7 millones, con daño fiscal de 215 millones de pesos.
Los imputados son Adrián Esteban Hernández Cristóbal, apoderado legal de Navecopa; Mario Guijarro Tamayo, administrador de Dersa Oil & Gas; Édgar Marín Meza, presidente de Iprosu; y la agente aduanal Patricia Guerra Miranda, quien participó en al m
Etiquetas: huachicol fiscal, contrabando de hidrocarburos, Tuxpan, ANAM, SAT, FGR, corrupción aduanera, Veracruz
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