La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga un presunto esquema de despojo inmobiliario vinculado a un inmueble ubicado en Alfonso Reyes 127, colonia Hipódromo Condesa. El caso, radicado en la carpeta CI/FIEDF/T/UI-1S/D/00996/08-2023, tiene como imputados a Miguel Ángel García López y Miguel Ángel García Ramírez.
Ambos sostienen que recibieron físicamente la propiedad el 15 de junio de 2022 como "pago parcial" por supuestos proyectos inmobiliarios. Según su versión, Jesús Medrano García les entregó la posesión y el acto quedó registrado en un documento de entrega física.

Como respaldo, presentaron la declaración de Laura Elena Gómez Juárez, quien aseguró haber estado presente durante la supuesta entrega y firmado como testigo. También declaró que escuchó a Medrano García comprometerse a enviar un poder notarial para permitir la venta o escrituración posterior.
Sin embargo, documentos migratorios integrados a la indagatoria contradicen esa versión. El pasaporte de Medrano García registra su entrada a Madrid el 2 de junio de 2022 y su salida de España el 18 de junio del mismo año. Un pase de abordar de Iberia documentaría además un vuelo México-Madrid el 1 de junio.

Estos registros ubicarían a Medrano García fuera del país el 15 de junio de 2022, fecha en que supuestamente entregó personalmente el inmueble en la Condesa. La discrepancia es clave en la investigación para determinar si hubo simulación de actos jurídicos.
La declaración de Gómez Juárez también es objeto de análisis, dado que aseguró haber presenciado un acto que, conforme a la documentación recabada, habría ocurrido mientras el supuesto otorgante se encontraba en territorio español.

La Fiscalía indaga además si el caso forma parte de un esquema de fraude procesal. Los imputados habrían utilizado contratos, pagarés y otros documentos —cuya autenticidad se examina— para reclamar más de 54 millones de pesos y solicitar medidas precautorias sobre bienes de los hermanos Medrano García.
Será el Ministerio Público y, en su caso, una autoridad judicial quienes determinen si existen elementos suficientes para acreditar responsabilidades penales.
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