La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el Estado mexicano mantiene activo el pago de una deuda originada en la década de 1990, cuyo capital no ha disminuido. Según información del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, cada dos años se destinan cerca de 50 mil millones de pesos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, heredero de las obligaciones del Fobaproa.
El esquema opera de manera distinta a un Los recursos transferidos solo cubren una porción de los intereses, mientras que para atender el capital restante el gobierno debe contratar nueva deuda. Este mecanismo de refinanciamientos perpetúa la carga financiera sin acercar a su liquidación.
Sheinbaum señaló que, bajo estas condiciones, el país podría no terminar nunca de cubrir el costo del rescate bancario. La mandataria responsabilizó a los gobiernos neoliberales, particularmente al de Ernesto Zedillo, por trasladar a la población las pérdidas del sistema financiero.
El rescate surgió tras la crisis económica iniciada al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La administración de Zedillo utilizó recursos públicos para rescatar bancos y grandes empresas, mientras que miles de familias enfrentaron tasas de interés crecientes y pérdida de patrimonio.
Personas que habían adquirido viviendas, maquinaria o tractores tuvieron que entregar sus bienes ante deudas que se volvieron impagables. El rescate protegió a los grandes actores financieros sin ofrecer condiciones equivalentes a deudores individuales.
Sheinbaum vinculó la falta de oportunidades y la ruina patrimonial con el éxodo de numerosos mexicanos hacia Estados Unidos. La conversión de pasivos privados en deuda pública sigue absorbiendo recursos que podrían dirigirse a servicios públicos, infraestructura o programas sociales.
La mandataria utilizó el caso para advertir sobre un posible regreso de las fuerzas políticas que gobernaron durante ese periodo y reiteró su compromiso con el proyecto de transformación.
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