DATO DURO
El Senado discutió y votó sobre las llamadas "pensiones doradas", un tema que reaviva el debate sobre la transparencia y rendición de cuentas en México. La ley establece que debe publicarse el listado de jubilados y pensionados junto con los montos que reciben cuando el dinero proviene del presupuesto público.
Sin embargo, la discusión se ha presentado de manera dirigida, según advierte la autora. La transparencia es obligación del Estado, pero existe una diferencia entre la consulta pública formal y la exhibición mediática con propósito político. La información ha sido expuesta públicamente con riesgo de generar confusión entre la ciudadanía.
La transparencia no es un acto mediático, sino una obligación legal: cualquier persona puede solicitar estos datos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.
CONTEXTO
La reforma vigente, que entró en vigor el 20 de marzo del año pasado y derivó en la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, mantiene la obligación de rendir cuentas. Lo inaceptable es el uso selectivo de la información con fines políticos.
Contexto político
La verdadera transparencia implica que cualquier ciudadano pueda conocer sueldos, prestaciones, dietas, declaraciones patrimoniales, viáticos y uso de recursos públicos, incluidos los de los propios legisladores.
CONCLUSIÓN
La autora, ex comisionada del Instituto, recuerda casos donde se garantizó el derecho a la información: listados de pensionados de Pemex, contratos ocultos, contaminación del agua en Benito Juárez y venta de petróleo a Cuba.
Estas solicitudes fueron negadas inicialmente, lo que obligó a intervenir para que la sociedad conociera el uso de los recursos públicos.
Etiquetas: transparencia, pensiones doradas, rendición de cuentas, Senado, recursos públicos, Auditorías, ASF, sanciones y procesos, Hidalgo, Auditorías
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