Un juez de Tegucigalpa ordenó el sobreseimiento definitivo del caso por fraude y lavado de activos contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva. La decisión pone fin al proceso conocido como Pandora II, abierto en 2023 para investigar el supuesto desvío de 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013.
Hernández regresó a Honduras el pasado 26 de julio tras ser indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump. Cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, dictada en 2024. Con el nuevo fallo, se le extenderá carta de libertad definitiva y quedarán sin efecto las medidas procesales anteriores.
La defensa del exmandatario logró que se admitieran 31 medios de prueba documentales. Su argumento central fue que las decisiones investigadas correspondían a su periodo como presidente del Parlamento hondureño, entre 2010 y 2014, y no como jefe del Ejecutivo. También presentó un testigo.
La Fiscalía, por su parte, aportó 16 pruebas documentales, un testigo y tres peritajes. El caso involucró además a varios exfuncionarios y al expresidente Porfirio Lobo, quienes igualmente fueron sobreseídos.

El portavoz judicial señaló que las partes ya fueron notificadas y que quienes discrepen con la resolución pueden interponer recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del circuito de Criminalidad Organizada.
El expresidente había expresado confianza en el fallo durante un acto en Gracias, departamento de Lempira, su lugar de origen. Ante seguidores que lo acompañaron en sus comparecencias, pidió oraciones para que "el señor ilumine al señor juez".
Hernández sostuvo su inocencia y afirmó que los propios testigos de la Fiscalía declararon no haber encontrado "trazabilidad de dinero" que hubiera quedado en sus manos. El caso Pandora II investigó fondos supuestamente desviados para financiar su campaña electoral.
El exgobernante dirigió el país durante dos periodos consecutivos. Su reelección en 2017 fue habilitada por una interpretación de magistrados del Supremo en 2015, pese a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección bajo cualquier modalidad. Los comicios de ese año transcurrieron entre denuncias de fraude por parte de la oposición.
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