DATO DURO
Una investigación documentó que Grupo Tecno, compañía asignada para la emisión de pasaportes, transfirió más de 65 millones de pesos a una red de empresas consideradas "fantasma" por las autoridades fiscales. Los fondos llegaron a compañías vinculadas con César Adrián Gamboa Montejo, quien opera las finanzas del Partido del Trabajo en Quintana Roo.
La triangulación de recursos comenzó en 2020, el mismo año en que la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgó a la empresa su contrato más importante del sexenio: 3 mil 800 millones de pesos para emitir pasaportes entre 2021 y 2026. El acuerdo se formalizó en julio de ese año mediante licitación pública.
En ese momento, Grupo Tecno contaba con apenas 19 empleados formales y declaraba una nómina anual de 600 mil pesos ante el SAT, lo que representaba un promedio de 31 mil pesos anuales por trabajador. Un mes después de obtener el contrato, la empresa fue vendida a Juan Carlos Torres Guzmán, empresario del sector financiero.

CONTEXTO
Durante 2020, la compañía transfirió los 65 millones de pesos a 10 empresas de una red radicada en Quintana Roo. Al menos 8 de esas compañías han tenido como administrador, representante o apoderado a Gamboa Montejo, quien desde hace cuatro años recauda y administra recursos del partido para campañas políticas en la península.
Contexto político
El operador financiero participó en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024, postulada por el PT en coalición con Morena y el Partido Verde. También apoyó la campaña de la gobernadora Mara Lezama en 2022. El pasado 3 de noviembre de 2025 fue ratificado en su cargo ante el Instituto Nacional Electoral.

CONCLUSIÓN
Un análisis en el Registro Público de Comercio reveló que Gamboa Montejo ha participado en 20 empresas en Quintana Roo. De ellas, 12 fueron incluidas en el listado oficial de "factureras" del SAT, es decir, compañías que emiten comprobantes fiscales sin contar con la capacidad real para prestar los servicios que documentan.
La investigación pone en evidencia una ruta de transferencia de recursos públicos hacia empresas sancionadas por el fisco, operadas por un funcionario partidario encargado de manejar dinero de campañas electorales.
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