El Congreso de Estados Unidos puso en la mira a la Administración de Control de Drogas (DEA) tras revelarse que la agencia habría permitido el ingreso masivo de fentanilo al país pese a contar con información para interceptarlo. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes acusa al organismo de poner en riesgo la
Entre 2023 y 2025, la agencia detectó y vigió cargamentos que alcanzaban las 100 mil pastillas, pero recibió órdenes de no intervenirlos ni decomisarlos, según documenta la comisión legislativa. El origen de dichas instrucciones es precisamente lo que busca esclarecer la investigación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha planteado reiteradamente quién distribuye y vende la droga en las calles estadounidenses, y bajo protección de quién opera esa red. La investigación del Congreso de su país vecino parece apuntar en la misma dirección que sus cuestionamientos.
El caso adquiere relevancia diplomática porque la administración de Donald Trump ha mantenido amenazas contra México bajo el argumento de narcoterrorismo, sin atender evidencias de problemas de corrupción al interior de sus propias instituciones de

La agencia antidrogas estadounidense ha operado históricamente con amplios márgenes de autonomía en territorio mexicano, lo que ha generado tensiones por prácticas consideradas injerencistas. Ahora, las acusaciones de connivencia con el tráfico desde dentro ponen en cuestionamiento su propia legitimidad operativa.
La investigación congresional podría derivar en reformas estructurales sobre el control y la rendición de cuentas de las agencias de
Para México, el escenario representa una oportunidad de contrargumentar desde la evidencia las presiones unilaterales en materia de
El fentanilo sigue siendo la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos, lo que hace imperativo determinar si la omisión de decomisos respondió a negligencia, corrupción o una estrategia de contención no revelada a la opinión pública.
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