DATO DURO
María Guadalupe González Martínez, mujer otomí de 48 años del municipio de Temoaya, Estado de México, fue sentenciada a 50 años de prisión por un delito de secuestro que niega haber cometido. Su caso exhibe una secuencia de irregularidades procesales que comenzaron tras exigir pensión alimenticia para sus hijos en 2021.
La detención ocurrió el 4 de julio de 2022. Varios individuos la abordaron fuera de su vivienda, la subieron a empujones a un vehículo y la trasladaron sin orden judicial primero a la Fiscalía y después al penal de máxima
La cadena de denuncias en su contra inició meses después de su reclamo de pensión. La pareja de su expareja la acusó de abuso sexual, tentativa de feminicidio y secuestro. Fue absuelta de los dos primeros cargos por falta de elementos; la sentencia por secuestro, sin embargo, se confirmó en primera instancia.
CONTEXTO
El presunto secuestro habría durado tres horas. Según la acusación, los agresores mantuvieron conversaciones por WhatsApp con la pareja de la víctima para exigir dinero, diálogos que sirvieron como principal sustento probatorio. La supuesta víctima fue abandonada cerca de la vivienda de María Guadalupe.
Contexto político
La defensa solicitó las bitácoras de la llamada al 911 que, según la denunciante, realizaron los mismos secuestradores para solicitar rescate. No existe registro de esa comunicación. Este vacío documental cuestiona la versión de los hechos presentada por la acusación.
Durante todo el proceso, María Guadalupe careció de traductor que le permitiera comprender en su lengua materna los términos legales y las implicaciones de cada audiencia. La omisión vulnera garantías de personas indígenas ante el sistema de justicia.
CONCLUSIÓN
El 20 de marzo se celebró la audiencia de apelación. En ella se expusieron violaciones a derechos humanos y la ausencia de pruebas contundentes que respalden la condena. El Poder Judicial debe resolver esta semana si confirma o revoca la sentencia.
Su hermana Cecilia señala que la disputa ya no es con la presunta víctima sino con el Estado: "Nosotros estamos luchando contra el Estado, que debe de responder por todos estos fallos que han hecho con María Guadalupe". La madre de dos hijos espera que la instancia superior corrija el rumbo de un proceso que, advierten sus defensores, nunca debió llegar a esta condena.
Etiquetas: justicia, derechos humanos, mujeres indígenas, Estado de México, debido proceso, pensión alimenticia, irregularidades judiciales, Auditorías, ASF, sanciones y procesos
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