En una reciente consulta pública, el 82% de los mexicanos que participaron se pronunciaron en contra de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, temiendo que estos puedan ser utilizados para censurar y limitar la libertad de expresión. La preocupación se centra en la capacidad del gobierno de decidir qué información es falsa o descontextualizada, así como en la imposición de sanciones y multas a criterio de un órgano dependiente del Ejecutivo.
Los lineamientos, inicialmente rechazados por expertos y analistas, comenzaron a ser conocidos como 'ley censura'. Se argumenta que difieren entre noticia y opinión sin invadir la línea editorial de los medios, y plantean problemas en la garantía de la distinción.

Ante las críticas, se anunció una consulta pública en la que participaron audiencias, concesionarios, academia, organizaciones civiles y ciudadanos en general. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones facilitó un espacio para recibir comentarios y opiniones escritas.
Este rechazo se suma a una serie de consultas realizadas por el gobierno de López Obrador, en donde a menudo se cuestiona su representatividad y legitimidad. En el caso de la hidroeléctrica en Yecapixtla, Morelos, a pesar de las protestas de fraude, el proyecto fue aprobado.

En el de las consultas, se destaca la necesidad de un instrumento democrático efectivo que respete la autonomía de los medios y la libertad de expresión, sin caer en la simulación de legitimidad. La participación ciudadana en la toma de decisiones es fundamental para fortalecer la democracia y evitar la concentración de poder.
El rechazo a los lineamientos por parte de la mayoría de los consultados refleja una preocupación más amplia sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno, así como la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.
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