DATO DURO
Juan Carlos Limón García, conocido como el Rey Midas por su trabajo en campañas del PRI, fue beneficiario de recursos públicos desviados a través del esquema conocido como La Estafa Maestra. El publicista recibió más de 64 millones de pesos entre 2013 y 2016, según documentó una investigación periodística.
El dinero público terminó en dos empresas de su propiedad: ByPower (Consulta y Estrategia Política S.A. de C.V.) y Limón Publicistas S.A. de C.V. Los recursos provinieron de convenios realizados por la Sedatu, entonces dirigida por Rosario Robles, y la SEP, con Emilio Chuayffet al frente, con organismos de televisión y universidades públicas.
ByPower fue mencionada por Emilio Zebadúa en su declaración ministerial para obtener criterio de oportunidad. Según su testimonio, los fondos desviados sirvieron para pagar publicidad de Enrique Peña Nieto ya como presidente, así como para impulsar las aspiraciones presidenciales de Miguel Ángel Osorio Chong y Rosario Robles rumbo a 2018.
CONTEXTO
El mecanismo de desvío consistió en que dependencias federales firmaron convenios con universidades y organismos de comunicación públicos para supuestos servicios, evadiendo licitaciones. Estos intermediarios subcontrataron a empresas que resultaron irregulares, permitiendo que el dinero desapareciera del registro oficial.
Contexto político
Zebadúa señaló que dos convenios de Sedatu —uno con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social por 702 millones de pesos y otro con la Televisora de Hermosillo por 320 millones— concentraron recursos líquidos para actividades de publicidad personal, que carecen de partidas presupuestales específicas.
La Auditoría Superior de la Federación detectó más convenios con recursos distribuidos entre decenas de empresas. ByPower obtuvo 61 millones de pesos derivados de acuerdos entre Sedatu y diversos organismos públicos entre 2014 y 2016.
CONCLUSIÓN
Los servicios que supuestamente debía prestar la empresa incluían producción de cápsulas radiofónicas sobre
El caso evidencia cómo recursos destinados a programas públicos fueron desviados hacia publicidad política personal mediante un entramado de dependencias, universidades y empresas privadas.
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