Tres años después de la primera invasión armada al exrancho La Covadonga, la Fundación Julita y Antonio suma un segundo despojo de 3. 9 hectáreas, mientras autoridades de Puebla y Tlaxcala mantienen omisión y complicidad. Jueces, notarios y funcionarios del Registro Público han validado documentos apócrifos y operado con impunidad permitiendo que mafias inmobiliarias fraccionen y vendan el predio histórico Gabriela Hernández 20/7/2026 · 05:00 hs Los invasores ya habían construido en una parte del predio La Covadonga. Demolición a medias ( Especial ) PUEBLA, Pue ( Proceso ).
– El mismo día que un grupo de choque conformado por más de 50 sujetos armados invadió de manera violenta 8. 5 hectáreas del exrancho La Covadonga, Jesús González Schmal, representante legal de la Fundación Julita y Antonio, acudió ante la Fiscalía General del Estado a denunciar el despojo. Tres años y tres meses después la institución altruista no sólo sigue sin recuperar la posesión plena de ese inmueble, sino que el 9 de febrero de 2025 sufrió una segunda invasión de 3. 9 hectáreas.
Este exrancho –originalmente de 57 hectáreas ubicadas al norte de la capital poblana, en los linderos con Tlaxcala– tiene una relevancia histórica para Puebla, pues en él se fundó en 1897 la fábrica textil La Covadonga, una de las 13 que se asentaron en los márgenes del río Atoyac y que generaron la industrialización de Puebla y de México. Su prolongada invasión ha puesto en el ojo público presuntas mafias del despojo, en las cuales aparecen coludidos funcionarios del Registro Público de la Propiedad, notarios, autoridades ministeriales, jueces, abogados, empresarios y grupos delincuenciales, tanto de Puebla como de Tlaxcala.
Esas mafias, de acuerdo con González Schmal, se combinan (o confabulan) con autoridades municipales, estatales y federales que se mantienen omisas e inoperantes ante la comisión de ilícitos y ante el incumplimiento de normativas, lo que, considera, genera una “impunidad institucionalizada” y convierte a Puebla en un paraíso para la operación de esos grupos delictivos.
Desde el 9 de abril de 2023, cuando ocurrió la primera invasión, recuerda el abogado en entrevista con Proceso , la fundación Julita y Antonio presentó ante el Ministerio Público escrituras, comprobantes de predial, constancia catastral y planos de la Carta Urbana del municipio de Puebla que la acreditaban como propietaria del inmueble despojado. Igual, un agricultor –quien con permiso de la institución sembraba maíz en esas tierras– rindió testimonio de cómo los invasores lo corrieron a punta de pistola.
El abogado resume que es tal el cúmulo de irregularidades y de inacción de las autoridades que ya sospecha sobre si detrás habría el interés de alguien “de muy alto nivel del gobierno” por quedarse con los terrenos de La Covadonga que además están en una zona de alta demanda inmobiliaria. Este no es un caso aislado. Puebla es la cuarta entidad del país con mayor incidencia del delito de despojo. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGEP), en promedio se denuncian 4. 4 casos diarios de ocupación ilegal de inmuebles en esta entidad. González Schmal.
“De manera inexplicable” dieron valor a documentos apócrifos — Especial De Puebla a Tlaxcala Abogados de Jorge MG, identificado como líder de los paracaidistas, acudieron en su representación ante el Ministerio Público en al Fiscalía estatal y, para justificar su acción, les bastó mostrar dos hojas en copia fotostática de un acta notarial de Tlaxcala sobre un supuesto derecho obtenido por usucapión (por posesión continua) de un predio en el municipio poblano de Cuautlancingo.
Al margen de la cuestionable validez jurídica de esas fotocopias, González Schmal menciona que, desde ese primer momento, había un hecho incontrovertible: el inmueble invadido no estaba en Cuautlancingo, sino en el municipio de Puebla. Existen investigaciones historiográficas sobre la conformación del corredor industrial textil que dan cuenta que la fábrica La Covadonga (que hasta la fecha opera con el nombre de Telas El Asturcon) se instaló en la capital poblana. En 1954 la empresa fue adquirida por la familia Del Valle y sus propietarios, Julita y Antonio, donaron a su muerte en 2004, 12.
8 hectáreas del rancho a la fundación –que lleva sus nombres– con la encomienda de destinarlas para un beneficio social. Y en otra subdivisión del rancho se creó la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza para que la habitaran los obreros de La Covadonga. Los vecinos actuales pagan impuestos y reciben servicios del municipio de Puebla y hasta ahora no había ninguna controversia de límites en esa zona.
“Nadie pondría en duda que La Covadonga está en el municipio de Puebla”, subraya el abogado, quien considera que desde ese momento había “de facto” una confesión que incriminaba a Jorge MG, pues se acreditó derechos sobre La Covadonga con un documento que correspondía a Cuautlancingo.
Etiquetas: Despojo, Puebla, Tlaxcala, Mafias Inmobiliarias, Impunidad, Fraudes
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