Europa enfrenta una paradoja: mientras sus economÃas necesitan mano de obra, los gobiernos están endureciendo las normas migratorias. Este conflicto se ha vuelto central en los debates polÃticos del continente.
Con tasas de desempleo históricamente bajas y empleos en máximos, los mercados laborales de la Unión Europea están al lÃmite, especialmente en sectores como la sanidad, construcción, agricultura, transporte y tecnologÃa. La causa es el envejecimiento acelerado de Europa, donde en 2022 el 22% de la población tenÃa 65 años o más.
El 1 de junio, la UE acordó crear 'centros de retorno' fuera de sus fronteras para retener a migrantes sin derecho a permanencia. Poco después, el Pacto de Migración y Asilo entró en vigor, siendo la reforma más amplia de la legislación migratoria en décadas, con controles más estrictos y deportaciones más rápidas.

Desde 2019, los nacionales de paÃses terceros han cubierto más de la mitad del crecimiento neto del empleo en la UE. En Italia, los migrantes sostienen 600. 000 pensiones y aportan 8. 000 millones de euros al año al sistema de bienestar. En Alemania, cada trabajador migrante contribuye a las pensiones actuales al mismo tipo legal que los nacionales.
La Comisión Europea y el BCE coinciden en que la inmigración es esencial para mantener el crecimiento económico y los sistemas de bienestar. Sin embargo, el debate público a menudo se centra en imágenes de centros de acogida saturados y la presión polÃtica de la extrema derecha y la derecha tradicional, que exigen medidas en las fronteras.
Esto ha llevado a una estrategia de doble vÃa por parte de los gobiernos: endurecer las normas de asilo y el control fronterizo mientras amplÃan discretamente programas de migración laboral para sectores crÃticos.
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