La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció que EE. UU. usa acusaciones de narcotráfico para debilitar gobiernos e infringir la soberanía nacional. La denuncia se da tras las contradicciones de la FBI sobre el traslado ilegal de Ismael 'El Mayo' Zambada.
Sheinbaum señaló que esta práctica no es exclusiva del periodo gubernamental actual, sino que también fue aplicada contra la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
La mandataria advirtió que el Gobierno de Estados Unidos utiliza históricamente la acusación de vínculos con el narcotráfico contra personas o políticos como estrategia para generar condiciones de injerencia y debilitamiento de Administraciones soberanas.
Para ilustrar estos mecanismos de intervención, recordó casos históricos como el escándalo Irán-Contras, donde se instrumentó a los cárteles de la droga para el traslado de armamento destinado a derrocar a un régimen legítimo.
La jefa de Estado mexicana abordó la controversia en torno a las declaraciones de Ken Salazar, exembajador estadounidense en territorio mexicano, respecto al secuestro y traslado ilegal a suelo norteamericano del capo Ismael 'El Mayo' Zambada, líder del cártel de Sinaloa.
Sheinbaum evidenció contradicciones en las posturas oficiales de Washington tras la reciente presentación pública de la aeronave utilizada en el traslado como si perteneciera a un operativo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
La presidenta ratificó que el fin no justifica los medios y que lo fundamental radica en la abierta violación a la soberanía nacional, motivo por el cual solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar si se cometieron delitos en suelo mexicano.
Paralelamente, la mandataria informó que el actual embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, ya revisa una solicitud formal de explicación detallada para aportar mayor información sobre el caso.
Asimismo, desestimó las versiones que acusan al Gobierno mexicano de proteger o esconder al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, enfatizando que el funcionario permanece en su residencia y que cualquier procedimiento de extradición requiere pruebas legales contundentes en el marco del tratado bilateral vigente.
Finalmente, cuestionó la efectividad de las políticas internas de Washington contra el crimen organizado, exigiendo respuestas sobre los mecanismos de distribución de estupefacientes dentro de la nación norteamericana, los canales de venta, el destino de las ganancias financieras y los esquemas de lavado de dinero, reiterando el compromiso mexicano de colaborar de mane
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