DATO DURO
Un juez condenó a 50 años de prisión a 12 expolicías estatales por la masacre de 19 personas en el ejido Santa Anita, Camargo, Tamaulipas, ocurrida el 21 de enero de 2021. Las víctimas, 17 migrantes centroamericanos y dos mexicanos, fueron perseguidas, tiroteadas y calcinadas dentro de un vehículo.
Los sentenciados son Jorge A. "C", Williams "F", Edgar "M", Horacio "R", Carlos "R", Jorge "C", José L. "L", Héctor J. "A", Christian E. "G" y Horacio "Q". Fueron hallados responsables de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de la justicia. Además, Ismael "V" recibió 19 años por abuso de autoridad y delitos contra la administración de la justicia, mientras Mayra E. "V" fue condenada por homicidio calificado, abuso de autoridad, delitos contra la administración de la justicia y falsedad de declaraciones.
La Fiscalía de Tamaulipas informó que el ministerio público demostró la responsabilidad de los agentes mediante testimonios de cuatro testigos, ocho casquillos de bala recuperados en la zona, geolocalización de vehículos policiales y celulares de los implicados, y pruebas balísticas que vinculan las armas asignadas a los agentes con los disparos del día de la masacre.
CONTEXTO
El hallazgo de los 19 cuerpos calcinados ocurrió el 22 de enero de 2021 en una carretera de Santa Anita, a menos de 70 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. El vehículo presentaba más de 100 impactos de bala. Una de las víctimas logró llamar a sus familiares antes de morir para alertar que policías les disparaban.
La condena se dictó el 14 de septiembre tras tres meses y medio de juicio, aunque la sentencia de 50 años se conocieron hasta octubre de 2023. El caso representa una de las masacres más graves contra migrantes registradas en México en los últimos años.
La Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes Guatemala, organizaciones que acompañan a las familias de las víctimas, exigieron que la sentencia "sea un mensaje claro, sin titubeos y contundente" sobre la tolerancia cero a estos crímenes.
CONCLUSIÓN
La masacre expone fallas críticas en la supervisión de corporaciones policiales estatales. Los agentes no solo ejecutaron a las víctimas, sino que intentaron ocultar los hechos mediante la incineración de los cuerpos y, presumiblemente, la alteración de evidencia.
El control de armas asignadas a policías, la geolocalización de patrullas y la respuesta ante llamadas de emergencia de migrantes en tránsito son pendientes que el caso deja visibles. La sentencia, aunque ejemplar en su severidad, no resuelve las condiciones que permitieron el
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