La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) han condenado el asesinato de la periodista mexicana Roxana Guzmán Ramírez y han exigido a las autoridades una investigación exhaustiva. Guzmán Ramírez, directora del diario Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada el 2 de junio en Nanchital, Veracruz, y su asesinato fue confirmado el 3 de julio en Moloacán. La periodista había sufrido violencia previamente en 2017 con la muerte de su esposo, Carlos Fernández Escalante, lo que la llevó a abandonar Nanchital y regresar en 2025 para retomar su labor periodística.

La FIP y la FEPALC, junto con el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), exigen que las autoridades federales y estatales desplieguen todos los recursos necesarios para encontrar a los responsables materiales e intelectuales del crimen. Se ha informado que cuatro policías de Ixhuatlán del Sureste fueron detenidos por presuntamente brindar apoyo logístico al grupo criminal responsable del asesinato, lo que sugiere una posible complicidad entre funcionarios públicos y criminales.

El asesinato de Guzmán Ramírez se produce en un de impunidad en México, donde ataques, amenazas y desapariciones forzadas buscan silenciar a la prensa y censurar investigaciones que revelan lazos ilícitos entre el poder político y organizaciones criminales. Santiago Ortíz, presidente de la FEPALC, ha exigido al gobierno mexicano que adopte medidas inmediatas para proteger a los periodistas y garantizar la libertad de expresión.

México es considerado el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en América Latina, lo que ha llevado a la FIP y la la corporación a reafirmar su defensa de la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia. La comunidad periodística se solidariza con la familia de Guzmán Ramírez y con los colegas del SNRP, exigiendo que se activen protocolos para proteger a quienes informan frente a la violencia de grupos criminales y del poder.
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