La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado la auditoría iniciada por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero contra la presidenta municipal con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, en relación con el manejo de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN). El Pleno del máximo tribunal aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, quien argumentó que la revisión de recursos federales es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no de las entidades fiscalizadoras locales.
El fallo establece que las entidades locales no pueden revisar fondos de participaciones o aportaciones federales, que están reservados para la ASF. La controversia surgió cuando el municipio de Acapulco cuestionó la fiscalización de la cuenta pública 2023, específicamente sobre los recursos federales recibidos por el ayuntamiento a través del FAISMUN.

Durante las discusiones, el ministro Irving Espinosa Betanzo aclaró que la invalidez de la auditoría local no implica que los recursos queden sin revisión. La SCJN dejó abierta la posibilidad de que la ASF realice investigaciones sobre el ejercicio de los recursos federales entregados al municipio de Acapulco.
El fallo se centró en un tema de competencia constitucional y no en determinar si hubo irregularidades en el uso del dinero público. Abelina López Rodríguez, quien solicitó licencia de su cargo para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Guerrero, se encuentra en medio de un debate político por el manejo de recursos públicos en Acapulco y la fiscalización de fondos federales destinados a infraestructura social.

Con esta decisión, la auditoría estatal queda invalidada; sin embargo, la revisión del uso de los 898 millones de pesos podrá continuar si la ASF decide iniciar o seguir las investigaciones correspondientes. Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
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