El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de la ONU ha condenado el asesinato de Sael Silva Cisneros, abogado y activista afromexicano, quien fue asesinado en Cuajinicuilapa, Guerrero, el 5 de junio de 2026. Silva Cisneros era defensor de los derechos humanos y había participado en un seminario sobre disidencias afromexicanas en Guerrero.
Las expertas de la ONU expresaron su profunda tristeza por el asesinato y enviaron condolencias a los familiares y amigos de Silva Cisneros. El ataque ocurrió horas después de su participación en el seminario, que abordaba derechos, dignidad y reconocimiento de las personas afromexicanas, incluyendo a la comunidad LGBT.

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes instó a las autoridades mexicanas a llevar a cabo una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente, de acuerdo con el Protocolo de Minnesota. Exhortaron a establecer la causa, la forma y las circunstancias de la muerte, exigir responsabilidades a los culpables y brindar justicia y reparación a la familia de Silva Cisneros.
Las expertas destacaron la labor de Silva Cisneros en la defensa de los derechos de las comunidades afromexicanas, la igualdad racial y la justicia social. Subrayaron la importancia de investigar todas las posibles líneas de investigación, incluyendo su labor académica, jurídica, comunitaria y de defensa de los derechos humanos, así como el de racismo estructural, discriminación y violencia que afecta a las comunidades afrodescendientes.

El asesinato de activistas y líderes comunitarios afrodescendientes tiene un impacto profundo en sus comunidades y en los esfuerzos por avanzar en igualdad, inclusión y justicia. Genera un efecto de silenciamiento e intimidación que dificulta el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.
Las autoridades deben adoptar medidas para prevenir y proteger a quienes ejercen el derecho de defender, promover y proteger los derechos humanos, especialmente líderes afromexicanos, activistas comunitarios y defensores de los derechos de las personas LGBT.

El Estado mexicano debe garantizar la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición en este caso.
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