Las ganancias ilícitas del robo y contrabando de combustible en México no solo sostienen a los cárteles del narcotráfico, sino que también se utilizan para financiar campañas políticas, influir en medios de comunicación y sobornar a funcionarios, de acuerdo con un informe del gobierno de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro señala que organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa obtienen recursos del mercado ilícito de hidrocarburos para favorecer la elección de políticos que protejan sus intereses.
A cambio, los grupos criminales logran colocar aliados en puestos administrativos clave dentro del gobierno mexicano, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos públicos para lavar recursos de origen ilícito.
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) describe un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero conocido como 'huachicol fiscal'. Este consiste en importar combustibles desde Estados Unidos hacia México mediante la evasión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La operación comienza con la adquisición de combustible en terminales de exportación de Texas y su canalización hacia una red de empresas fachada y compañías fantasma. Para evitar el pago de impuestos, los cargamentos son declarados falsamente como aceites residuales, lubricantes, aditivos o desechos peligrosos.

FinCEN afirma que este mecanismo es facilitado mediante actos de corrupción en las aduanas. Los intermediarios mexicanos utilizan permisos que les permiten comercializar combustibles dentro del país, pero no importarlos, por lo que presuntamente recurren a documentación y facturación falsas para ocultar el origen estadounidense del producto.
El combustible ingresa a México y es almacenado en instalaciones bajo control de las organizaciones criminales, posteriormente distribuido mediante gasolineras utilizadas como fachada o en puntos de venta irregulares conocidos como 'cachimbas'.
FinCEN cita estimaciones del gobierno de Estados Unidos según las cuales entre una cuarta parte y una tercera parte del combustible comercializado en México provendría de este mercado ilícito.
Los cárteles utilizan transferencias electrónicas internacionales, pagos con criptomonedas estables y depósitos estructurados en efectivo para enviar recursos a proveedores en Estados Unidos. Posteriormente, el dinero presuntamente es lavado mediante la adquisición de vehículos de lujo, bienes inmuebles, joyería y otros activos.
En junio de 2026, el gobierno de Estados Unidos
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