La desaparición de personas en México ha convertido a miles de familias en investigadores y defensores de derechos humanos, enfrentando una herida abierta que atraviesa sus hogares. La reciente solicitud de FUUNDEC-M para que la ONU acelere la revisión de la crisis de desapariciones refleja el cansancio acumulado de familias que buscan respuestas sin éxito.
El Comité contra la Desaparición Forzada llevará el caso de México ante la Asamblea General de la ONU, un procedimiento inédito que evidencia la gravedad de la problemática. Según cifras alarmantes, más de 132 mil personas están desaparecidas y más de 70 mil restos humanos sin identificar en el país.

Muchas búsquedas dependen casi exclusivamente del esfuerzo de los familiares, lo que no puede normalizarse. La intervención de la ONU podría fortalecer mecanismos internacionales de protección y presionar al Estado mexicano a asumir mayor responsabilidad en la crisis.
Sin embargo, cualquier pronunciamiento internacional carece de valor si no hay voluntad política para investigaciones efectivas y acompañamiento digno a las víctimas. La desaparición forzada no solo arrebata personas, sino que también consume la tranquilidad,.
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