DATO DURO
Un grupo de activistas feministas y de la comunidad LGBTQ+ bloqueó la principal avenida de Culiacán para exigir la anulación de una resolución que sanciona a la activista Emma Zermeño por supuesta violencia política en razón de género. La protesta se concentró frente a la Catedral de la capital sinaloense, donde los manifestantes corearon la consigna "nuestro chat no se investiga".
El caso se originó en una decisión de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aceptó como prueba central capturas de pantalla de una conversación privada en WhatsApp entre Zermeño y otra persona. Estas capturas fueron filtradas a la diputada local Almendra Ernestina Negrete Sánchez, militante de Morena que actualmente tiene licencia indefinida para atender temas partidistas en la Comisión de Diversidad.
CONTEXTO
Según el medio local Noroeste, las conversaciones fueron filtradas por Jonathan Alexis, quien fungió como asesor de la legisladora. La diputada con licencia ha mantenido los señalamientos pese a las críticas de organizaciones de derechos humanos, que advierten que usar chats privados como evidencia judicial constituye una violación a la privacidad y un precedente riesgoso para la libertad de expresión.
Contexto político
Negrete Sánchez ha acusado a Zermeño de contar con respaldo del gobierno estatal de Rubén Rocha Moya, específicamente a través de la Secretaría de las Mujeres, donde la activista labora. Esta afirmación ha sido rechazada por las colectivas, que señalan que el argumento busca deslegitimar la defensa de Zermeño.
CONCLUSIÓN
La Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en Sinaloa emitió un posicionamiento de alarma señalando que el fallo establece un precedente peligroso: la judicialización de expresiones en espacios privados digitales. La organización advirtió que esta práctica puede inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y debilitar las garantías de privacidad de activistas y periodistas.
Las colectivas participantes en la protesta exigen que el Tribunal Electoral revise el criterio probatorio utilizado y que las autoridades estatales se pronuncien sobre el uso de conversaciones privadas como herramienta de persecución política. El caso ha puesto en debate la tensión entre la sanción de la violencia política de género y la protección de garantías fundamentales en el ámbito digital.
Etiquetas: violencia política de género, libertad de expresión, privacidad digital, activismo feminista, derechos LGBTQ+, Tribunal Electoral, Sinaloa, WhatsApp
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