DATO DURO
Vecinos de diversas alcaldías de la Ciudad de México instalaron un plantón frente al Congreso local para exigir la apertura de un diálogo sobre el Plan General de Desarrollo y el Plan General de Ordenamiento Territorial. Los documentos, enviados por el gobierno de Claudia Sheinbaum en junio de 2023, priorizan megaproyectos para los próximos 20 años sin haber sido consultados ampliamente, según los manifestantes.
Los participantes provienen de pueblos y barrios originarios de Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y el pueblo de Xoco. Sostienen que estos proyectos legislativos desplazan a sectores populares y vulneran recursos naturales que comunidades han defendido durante generaciones. El plantón comenzó al mediodía del martes 5 de septiembre de 2023, coincidiendo con el arranque del tercer año de la segunda legislatura.
Rodrigo, vecino de la Magdalena Contreras, acusó que el gobierno capitalino actúa como "socio del cártel inmobiliario". Señaló que las propuestas entregadas al Congreso otorgan facilidades para complejos inmobiliarios y comerciales en zonas de suelo de conservación, mientras limitan servicios en otras colonias. Esta concentración de beneficios, advirtió, responde a una intención de lucrar con territorios ancestrales.
CONTEXTO
Los proyectos fueron remitidos por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Hasta la fecha de la protesta, no contaban con calendarización para su discusión ni aprobación, aunque figuran entre los temas prioritarios de la agenda legislativa. Los manifestantes exigen ser recibidos y convocados cuando se programen los debates.
Las pancartas visibles en el plantón incluían lemas como "No al PGD", "No al PGOT", "No al despojo del agua" y "No a la ciudad mercancía". Los organizadores anunciaron que mantendrán la protesta los martes y jueves siguientes para presionar por su inclusión en el proceso.
CONCLUSIÓN
Los inconformes señalan que los documentos violan lineamientos legales de consulta. Aseguran que fueron excluidos del proceso de elaboración pese a que las normativas establecen mecanismos de participación ciudadana obligatorios para este tipo de planeación urbana.
La protesta evidencia una fractura entre las autoridades y comunidades históricas de la capital. Los vecinos advierten que la aprobación de estos planes consolidará un modelo de ciudad que expulsa a sus habitantes originales en beneficio de inversiones privadas masivas.
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