DATO DURO
Desde 2022, alumnas y trabajadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han documentado distintas formas de violencia dentro del campus, ejercidas por compañeros, empleados y docentes. Los mecanismos institucionales no han contenido las agresiones, que en varios casos han escalado hasta el feminicidio.
El campus Chamilpa concentra los casos más documentados. Aylín Rodríguez Fernández, estudiante de Psicología, desapareció el 4 de abril de 2025 y fue asesinada por su novio, también alumno de la institución. Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de Contaduría, Administración e Informática, sufrió el mismo destino el 20 de septiembre de 2026 a manos de su exnovio, estudiante de la misma universidad.
Estos casos no son aislados. En 2018, María Fernanda, estudiante de Medicina, fue secuestrada y asesinada dentro de la universidad por cinco personas, entre ellas un alumno. Un año después, Mariana Leticia Valladares Castañeda, de Diseño y jugadora de tocho femenil, desapareció en las inmediaciones del campus y fue asesinada por dos estudiantes de la Preparatoria 1.
CONTEXTO POLÍTICO
Académicas, trabajadoras, alumnas y activistas —algunas bajo anonimato por temor a represalias— sostienen que la problemática es estructural. Coinciden en que las denuncias son frecuentemente minimizadas, ignoradas o revictimizadas, mientras persiste un entorno de protección institucional e impunidad.
Morelos mantiene activa desde agosto de 2015 la Alerta de Violencia de Género, declaratoria emitida tras documentarse 530 feminicidios entre 2000 y 2013. Inicialmente aplicada en ocho
CONCLUSIÓN
La rectoría de Viridiana Aydeé León Hernández enfrenta ahora la toma del campus Chamilpa por parte de estudiantes que exigen atención a la crisis de inseguridad. La movilización evidicia el fracaso de los protocolos internos y la presión sobre los gobiernos estatal y municipal para responder a una emergencia que reborda los muros universitarios.
La colectiva Morras contra la Violencia Institucional, nacida en 2021, ha documentado patrones similares: denuncias archivadas, agresores reubicados en lugar de sancionados, y víctimas obligadas a convivir con sus agresores en espacios académicos.
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