Dato duro
Shakira llegó este lunes a un acuerdo de última hora con la Justicia española que la libra de la cárcel a cambio de una multa millonaria. En la Audiencia de Barcelona, la artista se limitó a responder "sí" cuando el presidente del tribunal le preguntó si reconocía su culpabilidad y aceptaba las penas impuestas.
El acuerdo establece una multa de 7,3 millones de euros, cantidad que representa la mitad del total defraudado. Además, debe pagar 432 mil euros adicionales para que los tres años de prisión acordados queden suspendidos. El monto total supera los 7,7 millones de euros.
Previamente, Shakira ya había devuelto al fisco español unos 17,2 millones de euros para regularizar su situación fiscal. Los fiscales originally buscaban una condena de más de ocho años de cárcel por no haber pagado impuestos entre 2012 y 2014.
Las acusaciones señalaban que la cantante residió en España más de los 183 días anuales que exige la ley para ser contribuyente, pese a que ella argumentaba que su vida nómada por giras y su residencia fiscal en Bahamas la eximían de obligaciones.
Contexto político
En un comunicado, Shakira explicó que optó por el acuerdo para proteger el bienestar de sus hijos. "Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo", señaló.
La artista enfatizó que su prioridad es "recuperar el tiempo para mis hijos y mi carrera", tras años de litigio que le impidieron dedicarse plenamente a su familia y su trabajo creativo.
Conclusión
El caso no está cerrado del todo. La Fiscalía española mantiene otra querella contra Shakira por presunto fraude de unos seis millones de euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2018.
En redes sociales, la cantante compartió un fragmento de su discurso en los Latin Grammys 2023 con el mensaje "Una loba como yo siempre escoge la familia", en referencia a su decisión de priorizar a sus hijos Sasha y Milán.
El caso ilustra cómo figuras públicas con recursos millonarios pueden evitar la prisión mediante acuerdos económicos, una práctica que genera debate sobre la equidad del sistema de justicia fiscal en España y otros países.
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