DATO DURO
Un juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Chilpancingo, Guerrero, ordenó nuevamente la liberación de Héctor "el Güero" Palma Salazar, fundador del Cártel de Sinaloa. La decisión se tomó este 17 de mayo al considerar que el delito de homicidio calificado ya prescribió.
La encargada del despacho, Cecilia Crockman, decretó el auto de libertad por "prescripción de la acción penal" alrededor de las 15:00 horas. El homicidio calificado que se le atribuía corresponde al asesinato de nueve personas cercanas al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, cometido en septiembre de 1992.
A pesar de la orden judicial, Palma Salazar permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano. Su defensor, José Gabriel Jiménez, denunció que la directora del penal está en desacato por no ejecutar la liberación.
CONTEXTO
Esta es la segunda orden de libertad en una semana. El pasado 10 de mayo, la jueza federal María Dolores Olarte ya había ordenado su liberación al considerar "infundados" los argumentos de la fiscalía para vincularlo con el crimen organizado. Sin embargo, agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutaron una nueva orden de aprehensión por el mismo delito de homicidio calificado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el caso durante su conferencia matutina. Confirmó que un juzgado instruyó al encargado del reclusorio liberar al narcotraficante en un plazo de tres horas, pero la fiscalía fue alertada y se le encontraron otros delitos.
El mandatario aprovechó para criticar al Poder Judicial. Afirmó que está "tomado por la delincuencia organizada y la de cuello blanco". Vinculó esta situación con la propuesta de su gobierno de que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular.
CONCLUSIÓN
"Se molestan porque queremos que se elija a jueces, magistrados y ministros si el Poder Judicial está tomado por delincuencia de cuello blanco y la delincuencia organizada", expresó.
El caso expone las fisuras en la coordinación entre poderes: mientras el Judicial ordena libertades, el Ejecutivo denuncia corrupción y la administración penitenciaria incumple mandatos. Palma, declarado culpable de narcotráfico en 2005, enfrenta un limbo jurídico que ilustra la impunidad en delitos de alto impacto.
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