DATO DURO
En Morelos opera un sistema de jubilaciones privilegiadas que permite a funcionarios cercanos al poder retirarse con pensiones millonarias a edades tempranas, mientras trabajadores de base enfrentan trámites interminables y montos raquíticos. El esquema, documentado en decretos oficiales, exhibe patrones de corrupción institucionalizada que erosionan las finanzas estatales.
Diana Hernández Reyes se jubiló a los 35 años con una pensión vitalicia de 21 mil 847 pesos mensuales, equivalente al 65% de su último salario. Para acreditar los requisitos, presuntamente demostró 21 años de servicio iniciados a los 16 años, cuando aún era menor de edad. Al momento de aprobarse su jubilación, su pareja César Betancourt ocupaba el cargo de secretario de Servicios Legislativos, puesto que mantiene hasta la fecha.
Anahí Bahena López obtuvo su retiro en agosto de 2018 a los 37 años, con una pensión de 42 mil 704 pesos mensuales, el 60% de su salario como directora general de Consultoría en Asuntos Administrativos del Poder Ejecutivo. Su trámite se resolvió en apenas 41 días mientras su esposo, Ángel Colín, era secretario de Gobierno de la administración de Graco Ramírez. Para cumplir los 20 años de servicio requeridos, reportó un empleo en el ayuntamiento de Ayala iniciado en 1998, cuando tenía 16 años.
CONTEXTO
En noviembre de 2023, Bahena fue designada magistrada del Tribunal Superior de Justicia con un sueldo neto de 100 mil pesos. La reforma judicial podría permitirle un nuevo retiro anticipado con haber vitalicio de igual monto. Actualmente tiene 44 años.
La situación contrasta con casos como el de Lidia "N", policía de custodia asesinada en octubre de 2018. Sus hijos menores de edad, Jesús y Adolfo, accedieron a la pensión por orfandad cuatro años después del crimen, en diciembre de 2022. Cada uno recibe apenas 2 mil 690 pesos mensuales, equivalente al 50% del salario de su madre.
CONCLUSIÓN
Las resoluciones de jubilación privilegiada están registradas en los decretos 1197 de agosto de 2023 y 3424 del mismo año, documentos que evidencian el canal institucionalizado de estos beneficios. Mientras tanto, policías, burócratas y personal operativo deben contratar abogados de su bolsillo —muchos ligados a despachos cuestionados— y esperar años para obtener pensiones que apenas permiten sobrevivir.
El esquema representa una carga fiscal creciente para el estado, que destina recursos a estas rentas vitalicias mientras recorta presupuestos en obra pública y.
Etiquetas: Morelos, jubilaciones, corrupción, pensiones VIP, servidores públicos, desigualdad, Poder Legislativo, Tribunal Superior de Justicia